Ranking de Transparencia

ETHIX Transparency Report

Argentina, 2023-2024

Mensaje Institucional

Compromiso con la transparencia en el sector público

Ivan Gauna

Ivan Gauna

CEO de Ethix

La tecnología se ha convertido en una herramienta esencial para los gobiernos en la lucha contra la corrupción y en la mejora de la transparencia en la gestión pública. Cuando la desconfianza en las instituciones gubernamentales es una preocupación, es fundamental que los gobiernos utilicen herramientas innovadoras para garantizar procesos más abiertos, eficientes y accesibles para los ciudadanos...
Texto verificado y aprobado por Ivan Gauna
Ivan Addolorato

Ivan Addolorato

CTO de Ethix

Como CTO y cofundador de Ethix, me toca ver de cerca cómo la inteligencia artificial empieza a ocupar un rol clave en la transformación de procesos públicos críticos como las licitaciones...
Texto verificado y aprobado por Ivan Addolorato

Introducción

Análisis de transparencia en las licitaciones públicas argentinas

La transparencia en las licitaciones públicas es un aspecto fundamental de la gestión pública y desempeña un papel crucial en la construcción de la confianza ciudadana hacia las instituciones. Un proceso licitatorio transparente asegura que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente, que las decisiones se tomen de acuerdo con criterios claros y que se evite cualquier tipo de direccionamiento. Esto es esencial, ya que las licitaciones son el mecanismo principal a través del cual el Estado adquiere bienes y servicios necesarios para su funcionamiento y el de la sociedad en general. La corrupción sigue siendo una de las principales preocupaciones que afectan a gobiernos y sociedades. La falta de transparencia en las licitaciones públicas es uno de los principales canales a través de los cuales se lleva a cabo la corrupción. En muchos países, los procesos de contratación pública son opacos, lo que permite prácticas como el soborno, la manipulación de licitaciones, y la colusión entre empresas y funcionarios. Este tipo de prácticas no solo afectan la eficiencia del gasto público, sino que también desincentivan la competencia y favorecen a actores corruptos que lucran a expensas del bien común. En este sentido, es necesario garantizar que los procesos de contratación sean abiertos, imparciales y basados en reglas claras. Representa un desafío constante para los gobiernos. Implementar políticas que promuevan una mayor transparencia y acceso a la información es esencial para prevenir estos fenómenos. Sin embargo, la implementación efectiva de estas políticas enfrenta diversos obstáculos, entre ellos la resistencia de actores con intereses creados, la falta de infraestructura tecnológica adecuada y la carencia de voluntad política para llevar a cabo reformas significativas. En el caso de Argentina, la falta de transparencia en las licitaciones públicas ha generado enormes costos, tanto sociales como económicos. La corrupción en las licitaciones no solo ha implicado un mal uso de los recursos públicos, sino que también ha tenido efectos negativos sobre el desarrollo económico y la competencia leal entre empresas. Las empresas que buscan hacer negocios con el Estado a menudo deben enfrentar barreras no competitivas, como sobornos, favoritismos y un sistema judicial que en ocasiones no responde de manera adecuada ante los hechos de corrupción. Este fenómeno también tiene consecuencias graves para la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales. Cuando los procesos de licitación no son transparentes, los ciudadanos sienten que el Estado está al servicio de intereses privados, lo que deteriora la legitimidad del gobierno y fomenta una percepción generalizada de ineficiencia y desconfianza hacia las instituciones encargadas de velar por el bienestar social. Este descontento puede traducirse en una mayor apatía política, una menor participación ciudadana y un aumento en la desconfianza hacia las autoridades públicas. A pesar de los esfuerzos por parte de diversos sectores, la transparencia en las licitaciones públicas sigue siendo un reto importante en muchas provincias argentinas. La falta de herramientas digitales adecuadas y la inexistencia de marcos normativos claros en muchas jurisdicciones perpetúan las viejas prácticas de opacidad en los procesos de contratación. Es común encontrar que, en más de la mitad de las provincias, siguen existiendo procedimientos manuales, las informaciones no se publican en tiempo real, y las empresas interesadas no tienen acceso directo claro a los criterios de selección ni a las condiciones de los contratos. Afortunadamente, algunas provincias en Argentina han comenzado a implementar reformas que buscan mejorar esta situación. La digitalización de las licitaciones es una de las estrategias más efectivas para mejorar la transparencia. El uso de plataformas digitales permite la publicación de los procesos de licitación de manera pública y accesible, lo que garantiza que todos los actores interesados puedan acceder a la misma información en tiempo real. La digitalización facilita el control y la auditoría de los procesos, ya que toda la información queda registrada y es fácilmente auditada por organismos de control internos y externos. El acceso a la información pública sigue siendo un tema clave en la lucha contra la corrupción. Las leyes de acceso a la información pública son fundamentales para garantizar que los ciudadanos puedan conocer los detalles de las licitaciones, el uso de los fondos públicos y los criterios utilizados para adjudicar contratos. Aunque en muchas provincias existen leyes que regulan este acceso, la implementación efectiva de las mismas sigue siendo desigual. En algunas provincias, los ciudadanos y las empresas siguen enfrentando barreras burocráticas y falta de respuesta oportuna a las solicitudes de información. Este informe tiene como objetivo evaluar la transparencia en las licitaciones públicas a nivel provincial en Argentina, con un enfoque particular en tres aspectos clave: el acceso a la información pública, el grado de digitalización de los procesos y los casos de corrupción documentados que han afectado a cada jurisdicción. La combinación de estos factores proporciona una visión completa sobre el grado de transparencia y las áreas que necesitan mejora en cada provincia. El acceso a la información pública es un punto de partida esencial para la evaluación de la transparencia. La capacidad de los ciudadanos y las empresas de acceder a información clave sobre las licitaciones públicas es un indicador claro de la voluntad del gobierno provincial de operar de manera abierta y responsable. Además, la digitalización de los procesos contribuye a una mayor eficiencia, rapidez y transparencia, permitiendo a los usuarios obtener información relevante de manera rápida y sencilla. Finalmente, la evaluación de los casos de corrupción conocidos ayuda a medir los impactos reales de las políticas de transparencia en las licitaciones. Las provincias que han experimentado escándalos de corrupción en sus procesos licitatorios deben implementar reformas aún más estrictas y rápidas para prevenir futuras irregularidades. En resumen, la transparencia en las licitaciones públicas no solo es un valor ético, sino una necesidad urgente para asegurar un gobierno responsable y una economía más competitiva en Argentina.

Provincias evaluadas

24

Total de provincias y CABA incluidas en el estudio

Período analizado

2023-2024

Datos de licitaciones públicas durante este período

Licitaciones analizadas

+1250

Procedimientos analizados en todo el territorio

Metodología

Criterios utilizados para la evaluación de transparencia

Sobre nuestra metodología

Este análisis se fundamenta en la evaluación de varios criterios esenciales para medir la transparencia de las licitaciones públicas en las provincias argentinas. Dado el creciente interés en mejorar los mecanismos de contratación pública, es crucial contar con una metodología sólida que permita clasificar de manera objetiva el nivel de transparencia y eficiencia de cada jurisdicción. Los siguientes criterios de evaluación fueron utilizados para construir el ranking de las provincias argentinas, teniendo en cuenta factores legales, tecnológicos y de gestión.

1Existencia de leyes de acceso a la información pública

El primer criterio de evaluación es la existencia y efectividad de las leyes de acceso a la información pública. La transparencia en las licitaciones no puede ser alcanzada sin un marco normativo que garantice que toda la información relevante sobre los procesos de contratación sea accesible para los ciudadanos, las empresas y los medios de comunicación. Las provincias con legislación robusta y procedimientos claros para solicitar información y recibir respuestas dentro de un plazo razonable obtienen mejores puntajes en este criterio. La existencia de leyes que obliguen a los gobiernos provinciales a publicar licitaciones, contrataciones y contratos de manera abierta y accesible es un indicativo de su compromiso con la transparencia. En la Argentina hoy 21 de las 24 provincias (incluyendo CABA) cuentan con una ley de acceso a la información pública. Formosa, San Juan y Tucuman todavía no cuentan con la ley que permite a los ciudadanos acceder a la información pública. En 2016, se sancionó a nivel nacional la Ley 27.275, que garantiza el derecho de toda la ciudadanía al acceso a la información pública. Esta normativa obliga a la Administración Pública Nacional, tanto en su estructura central como en sus organismos descentralizados, a responder las solicitudes de acceso a la información que reciben. Tras su aprobación, se invitó a las provincias a adherirse a la ley. Algunas jurisdicciones ya contaban con marcos normativos propios que debieron ser actualizados, mientras que otras, sin legislación previa sobre el tema, comenzaron desde cero. La última provincia en sumarse fue La Pampa, a fines de 2023. Provincias sin legislación vigente Ocho años después de la sanción de la ley nacional, aún hay tres provincias que no cuentan con una normativa específica que garantice el acceso a la información pública: San Juan, Tucumán y Formosa. Por su parte, Santa Fe posee un decreto vigente desde 2009, pero sigue buscando la sanción de una ley específica sobre el tema. San Juan: avances y retrocesos En 2017, se presentó por primera vez un proyecto para que la provincia de San Juan adhiera a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública. A lo largo de los años, el ex legislador Edgardo Sancassani impulsó reiteradamente la iniciativa, aunque nunca llegó a ser tratada. El legislador Luis Rueda retomó el proyecto original de Sancassani y presentó nuevamente una propuesta de adhesión. En su fundamentación, el texto sostiene que "para lograr el saneamiento de las instituciones, es fundamental fortalecer los mecanismos que incrementan la transparencia de los actos de gobierno, garantizan el acceso equitativo a la información y amplían la participación ciudadana en los procesos decisorios de la administración". Tucumán: un compromiso pendiente Tucumán es otra de las provincias que aún carece de una ley de acceso a la información. No obstante, el gobernador Osvaldo Jaldo anunció durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura su intención de enviar un proyecto de ley para su debate y tratamiento. “He tomado la decisión de enviarles próximamente un proyecto de acceso a la información pública. Ello responde de manera directa al derecho de las personas a la información transparente y constituye uno de los pilares del sistema democrático. Un ciudadano informado es un ciudadano libre e independiente”, expresó Jaldo, quien asumió la gobernación en 2023. Formosa: la ausencia de avances Si bien la Constitución de Formosa contempla el derecho al acceso a la información pública, la provincia no cuenta con una legislación específica en la materia. Al igual que el resto de las jurisdicciones, fue invitada a adherir a la normativa nacional, pero nunca lo hizo ni cuenta con representación en el Consejo Federal para la Transparencia. Actualmente, no se tiene registro de ninguna iniciativa en curso para la presentación de un proyecto de ley que regule el acceso a la información pública en la provincia. Santa Fe: una lucha legislativa de más de una década En Santa Fe, el acceso a la información pública está regulado por el Decreto 0692/2009, aunque no existe una ley específica. A lo largo de los años, se presentaron nueve proyectos de ley sobre esta temática en la Legislatura provincial. En todas las oportunidades, las iniciativas fueron aprobadas por la Cámara de Diputados, pero nunca llegaron a ser tratadas en la Cámara de Senadores. A principios de 2024, se presentó por décima vez un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública en la provincia. Una vez más, obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados y se encuentra a la espera de su tratamiento en el Senado. Este aspecto es clave porque sin leyes adecuadas, las provincias carecen de la obligación legal de divulgar detalles importantes relacionados con las licitaciones. En algunas provincias, las leyes de acceso a la información son recientes o poco claras, lo que dificulta la participación pública y la supervisión ciudadana sobre el uso de los fondos públicos. Por ello, evaluar si cada provincia tiene una normativa vigente en materia de acceso a la información, y la eficacia de dicha legislación, es un paso fundamental para comprender el compromiso de las autoridades con la transparencia.

2Facilidad de acceso a la información

Una vez que la legislación está en su lugar, el siguiente paso es evaluar la facilidad de acceso a la información. Este criterio se refiere a la disponibilidad y accesibilidad de los datos relacionados con las licitaciones. La facilidad de acceso implica que la información debe ser fácilmente localizable, comprensible y actualizada. Para ello, se evalúa si las provincias cuentan con plataformas digitales que permitan a los usuarios buscar y descargar los detalles de las licitaciones de manera sencilla y rápida. En el contexto actual, las plataformas en línea son cruciales para garantizar la transparencia, ya que permiten que cualquier interesado pueda acceder a la información de manera inmediata. Provincias que no cuentan con portales web actualizados o que limiten el acceso a través de procesos burocráticos o tiempos de respuesta largos obtendrán una puntuación más baja en este criterio. Las plataformas de acceso a la información deben estar diseñadas para ser intuitivas y accesibles para todos los usuarios, incluidos ciudadanos, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Método de Evaluación de los Portales Web Para evaluar la calidad de los portales de acceso a la información pública de cada provincia, se consideraron los siguientes criterios: 1. Claridad en la Información: Se analizó si la información está presentada de manera estructurada, con lenguaje claro y accesible para distintos niveles de usuarios. También se consideró si los datos están organizados de manera lógica y son fácilmente interpretables. 2. Funcionalidad y Rendimiento de la Plataforma: Se examino la usabilidad del portal, incluyendo la velocidad de carga, la facilidad de navegación y la efectividad de los motores de búsqueda internos. También se valora la disponibilidad de funciones avanzadas, como filtros y herramientas de visualización de datos. 3. Acceso a la Legislación Clave para el Proceso de Licitaciones: Se evalúo si los portales permiten el acceso directo a normativas y regulaciones clave que rigen los procesos de licitación en cada provincia. Esto incluye la publicación de leyes, decretos y reglamentaciones aplicables, así como guías o explicaciones sobre su aplicación.

3Digitalización de procesos

La digitalización de los procesos de licitación es otro de los criterios clave en nuestra evaluación. A medida que las tecnologías digitales se han ido incorporando en el ámbito público, la automatización y la digitalización han permitido hacer los procesos de licitación más rápidos, eficientes y transparentes. Evaluamos el grado en que cada provincia ha adoptado plataformas tecnológicas para publicar licitaciones, gestionar las ofertas y adjudicar contratos, garantizando que todo el proceso sea auditable y transparente. Las provincias que han implementado sistemas digitales integrales que cubren todo el ciclo de las licitaciones, desde la publicación de la convocatoria hasta la ejecución del contrato, obtienen mejores resultados. La digitalización no solo mejora la eficiencia, sino que también reduce el riesgo de manipulación o manipulación de los procesos. Las plataformas deben ser accesibles no solo para las entidades gubernamentales, sino también para las empresas que licitan y las entidades de control.

4Casos de corrupción conocidos

El siguiente criterio examina los casos de corrupción conocidos relacionados con las licitaciones públicas en cada provincia. Esta categoría incluye tanto escándalos recientes como irregularidades documentadas que han tenido un impacto significativo en los procesos de contratación pública. Las provincias con un historial de escándalos de corrupción en las licitaciones públicas se consideran de mayor riesgo, ya que estos incidentes indican fallos en los mecanismos de control, la falta de transparencia y la presencia de prácticas corruptas que siguen afectando los procesos. Es importante mencionar que este criterio no solo tiene en cuenta la frecuencia de los escándalos, sino también el nivel de respuesta institucional ante los mismos. Provincias que han tomado medidas correctivas, como la implementación de auditorías externas, la revisión de los procedimientos licitatorios o la apertura de investigaciones que hayan conducido a sanciones, reciben una calificación más alta.

5Impacto en la transparencia

Finalmente, el impacto en la transparencia es evaluado en función de cómo las medidas adoptadas por cada provincia han influido en la mejora de la claridad y rendición de cuentas en los procesos licitatorios. Este criterio tiene en cuenta el progreso histórico de cada provincia en términos de modernización y reforma del sistema de contratación pública. Provincias que han adoptado tecnologías innovadoras, creado leyes de acceso a la información efectivas y mejorado el control externo reciben una calificación positiva. Además, se evalúa el impacto de las políticas gubernamentales en la reducción de la corrupción y la confianza pública. Las provincias con un alto nivel de transparencia en sus licitaciones, junto con mecanismos sólidos de control y participación ciudadana, contribuyen a una gestión pública más eficiente y a la sostenibilidad de los recursos públicos.

6El Ranking Ethix

El ranking final de las provincias argentinas se construye a partir de la combinación de estos factores. Cada provincia obtiene una puntuación total que refleja su eficiencia, su nivel de transparencia y el grado de compromiso con la lucha contra la corrupción en los procesos de licitación. Este ranking ofrece una visión clara y comprensible del panorama actual, permitiendo a los responsables de las políticas públicas identificar áreas críticas y promover reformas dirigidas a mejorar la transparencia y la eficiencia en las licitaciones. El objetivo de este ranking no solo es clasificar a las provincias, sino también proporcionar una herramienta de referencia para gobiernos provinciales, empresas y ciudadanos que buscan fortalecer la transparencia en el uso de los fondos públicos. A través de esta clasificación, se busca fomentar un ambiente de competencia sana, en el cual las provincias se vean motivadas a adoptar mejores prácticas y reformas que beneficien tanto al sector público como privado.

Ranking de Transparencia en Provincias Argentinas

Evaluación de las 24 jurisdicciones en base a los criterios de transparencia

Este ranking refleja la situación de transparencia en licitaciones públicas en cada provincia argentina y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las jurisdicciones están ordenadas de mayor a menor transparencia según la evaluación realizada.

#ProvinciaNivel de Transparencia
1Ciudad Autónoma de Buenos AiresAlto
2MendozaAlto
3Río NegroAlto
4Buenos Aires⚠️ Medio
5Tierra del Fuego⚠️ Medio
6Chubut⚠️ Medio
7Santa Fe⚠️ Medio
8Neuquén⚠️ Medio
9San Juan⚠️ Medio
10Córdoba⚠️ Medio
11Entre Ríos⚠️ Medio
12La Pampa⚠️ Medio
13Santa Cruz⚠️ Medio
14ChacoBajo
15SaltaBajo
16MisionesBajo
17JujuyBajo
18CorrientesBajo
19TucumánBajo
20Santiago del EsteroBajo
21San LuisBajo
22CatamarcaBajo
23La RiojaBajo
24FormosaBajo
Alto: Mayor transparencia
Medio: Transparencia moderada
Bajo: Menor transparencia

Sobre Corrupción

Los casos de corrupción reconocidos en diversas provincias argentinas reflejan cómo la falta de transparencia y la ausencia de medidas de control han permitido que se cometan delitos dentro de los procesos de licitación pública. En un contexto en el que la confianza en las instituciones gubernamentales depende directamente de la gestión eficiente de los recursos públicos, los casos de corrupción en el ámbito de las licitaciones tienen un impacto devastador tanto para el sector privado como para el bienestar social. En aquellas provincias donde la transparencia en las licitaciones se ha promovido mediante la implementación de leyes de acceso a la información robustas y la digitalización de los procesos, los escándalos de corrupción tienden a ser menos frecuentes o, cuando ocurren, se gestionan de manera más eficaz. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en Mendoza, las autoridades provinciales han adoptado una serie de medidas orientadas a fortalecer el control ciudadano y la rendición de cuentas. En estas jurisdicciones, los procesos de licitación son más transparentes debido a la existencia de plataformas digitales actualizadas, accesibles y operativas, que permiten la auditoría pública y la participación activa de la sociedad civil. En estas provincias, los casos de corrupción que han surgido han sido tratados con seriedad y rapidez. Investigaciones independientes, la creación de organismos auditores externos y el establecimiento de sistemas de monitoreo en tiempo real han permitido reducir la frecuencia de este tipo de delitos. Además, la voluntad política y el compromiso con la transparencia han generado un ambiente de confianza y colaboración entre el sector público y privado, lo cual ha facilitado la prevención de actos ilícitos en las licitaciones. Sin embargo, en otras provincias como Formosa y Chaco, la corrupción sistémica sigue siendo un desafío importante. En estas regiones, la falta de una infraestructura digital adecuada para las licitaciones y la carencia de leyes de acceso a la información claras y eficaces han creado un caldo de cultivo perfecto para el desvío de fondos públicos y la manipulación de los procesos de contratación. En estos lugares, la falta de control interno, la ausencia de auditorías externas y el hermetismo en la información permiten que los procesos licitatorios se vean vulnerados por intereses privados y políticos, sin que la sociedad civil pueda intervenir de manera efectiva. En estas provincias con mayor opacidad, los escándalos de corrupción son mucho más difíciles de manejar. La falta de transparencia en la publicación de datos de licitaciones y la ausencia de mecanismos de participación ciudadana dificultan la identificación de irregularidades a tiempo. Esta situación lleva a que los casos de corrupción no solo se gestionen de manera ineficaz, sino que también se perpetúen con el tiempo, afectando gravemente tanto la credibilidad de las instituciones gubernamentales como el desarrollo económico regional. Lo que se observa en este contexto es que, mientras más avanzadas y transparentes sean las plataformas tecnológicas y los sistemas de control en las provincias, menos espacio habrá para la corrupción. De manera opuesta, en aquellas provincias con sistemas cerrados y falta de controles externos, la corrupción tiende a ser mucho más difícil de erradicar. Es imperativo, entonces, que las provincias con altos niveles de corrupción sistémica trabajen en mejorar tanto la transparencia como la digitalización de los procesos para frenar esta problemática de forma efectiva. Al comparar estas dos realidades, se hace evidente que la transparencia no es solo una cuestión de acceso a la información, sino también de la voluntad política para implementar reformas profundas que transformen los procesos de contratación pública. Las provincias con mejores resultados han comprendido que la lucha contra la corrupción requiere no solo leyes estrictas, sino también un cambio cultural hacia una gestión pública que valore la ética, la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos del Estado. En resumen, los casos de corrupción en las provincias argentinas nos muestran la clara diferencia entre aquellos lugares que han tomado pasos importantes para mejorar la transparencia y aquellos donde la corrupción sigue siendo un obstáculo significativo. El reto para las provincias con altos índices de corrupción es adoptar nuevas tecnologías, fortalecer las normas de control y abrir los procesos licitatorios para que todos los actores tengan un papel activo en la supervisión de la correcta administración de los fondos públicos. La transparencia en las licitaciones no solo mejora la eficiencia del sector público, sino que también crea un clima de confianza que beneficia a la sociedad en su conjunto.

Recomendaciones

La adopción de leyes de acceso a la información pública es un paso fundamental hacia la construcción de un sistema de licitaciones más transparente y justo. En aquellas provincias que aún no han implementado legislaciones claras sobre este tema, es imperativo actuar con urgencia para garantizar que toda la información relacionada con los procesos de licitación esté disponible y sea accesible para los ciudadanos, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Estas leyes no solo promueven la transparencia, sino que también permiten la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y los actores involucrados en los procesos licitatorios. Además, establecen un marco legal que facilita la supervisión y el control ciudadano, elementos clave para prevenir actos de corrupción. Sin una legislación robusta en esta área, las provincias continúan expuestas a la opacidad, lo que pone en riesgo la eficiencia del gasto público y perjudica la confianza en las instituciones gubernamentales. Por otro lado, es crucial acelerar el proceso de digitalización de las licitaciones públicas. La tecnología se ha convertido en un aliado clave para mejorar la eficiencia, la transparencia y la accesibilidad en los procesos de contratación pública. A medida que el mundo avanza hacia un modelo más digital, las provincias deben invertir en plataformas tecnológicas que permitan a los ciudadanos y empresas consultar los pliegos de licitación, las ofertas y los resultados de manera rápida, fácil y transparente. La digitalización no solo facilita la gestión administrativa, sino que también reduce las oportunidades para el desvío de fondos y el fraude. Las plataformas digitales permiten realizar un seguimiento en tiempo real de los procesos licitatorios, haciendo que los datos sean más accesibles y auditables. Además, proporcionan un canal para la participación activa de la sociedad civil, quienes pueden monitorear las licitaciones y denunciar irregularidades de manera más eficiente. Un aspecto igualmente importante es el fomento de la participación ciudadana. La transparencia no solo implica la publicación de datos, sino también la creación de mecanismos efectivos para que los ciudadanos puedan intervenir en los procesos de licitación. Facilitar el acceso a la información y ofrecer herramientas para que la sociedad civil pueda participar activamente en la supervisión de las licitaciones es esencial. Los ciudadanos deben tener la capacidad de identificar y denunciar posibles irregularidades o prácticas corruptas. Para ello, las provincias deben promover la creación de canales de denuncia confidenciales, que permitan a los ciudadanos reportar posibles fraudes o faltas de transparencia sin temor a represalias. Además, se debe garantizar que las denuncias sean investigadas de manera seria y oportuna, para evitar que la corrupción persista. Es igualmente fundamental fortalecer los sistemas de auditoría externos que supervisan los procesos de licitación. Si bien la autocontención dentro de los organismos gubernamentales es importante, no es suficiente para garantizar una gestión impecable y libre de corrupción. Las auditorías externas, realizadas por entidades independientes y profesionales, permiten evaluar de manera objetiva si los procesos licitatorios se realizan conforme a las normas y criterios establecidos. Además, el fortalecimiento de los sistemas de auditoría proporciona un mecanismo de control adicional para asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada. Es necesario que las provincias implementen organismos de control con autonomía y capacitación suficientes para poder detectar irregularidades antes de que se conviertan en problemas graves. Las auditorías también pueden identificar áreas de mejora en los procesos de licitación, lo que permite la optimización de los mismos a largo plazo. El fortalecimiento de estas instituciones de control también va de la mano con la promoción de mecanismos de control social. Las auditorías externas no solo deben estar compuestas por entidades gubernamentales, sino también por organizaciones no gubernamentales y entidades académicas que tengan un compromiso con la lucha contra la corrupción. Estas auditorías pueden servir como un reporte de cumplimiento independiente, brindando confianza a la sociedad civil sobre la correcta ejecución de las licitaciones y el uso de los fondos públicos. La clave es que todos los actores involucrados en el proceso de licitación se comprometan con el cumplimiento de las normativas vigentes y trabajen en conjunto para erradicar la corrupción. En conclusión, para mejorar la transparencia en las licitaciones públicas en las provincias argentinas, es imprescindible implementar leyes de acceso a la información, acelerar la digitalización de los procesos, fomentar la participación ciudadana y fortalecer los sistemas de auditoría externos. Estos son pasos fundamentales para que los procesos licitatorios sean más eficaces, abiertos y respetuosos de los principios de ética y responsabilidad pública. Si las provincias no adoptan estos cambios, se arriesgan a continuar siendo vulnerables a fraudes y corrupción, lo que afectará negativamente la confianza de la sociedad en el sistema de contratación pública y, en última instancia, en las propias instituciones gubernamentales.

Conclusión

Reflexiones finales sobre el estado de transparencia en Argentina

"La transparencia en las licitaciones públicas no es solo un requisito técnico, sino un pilar para construir confianza ciudadana y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos en beneficio de toda la sociedad."

— Iván Gauna, CEO de Ethix

La mejora de la transparencia en las licitaciones públicas es un proceso complejo que involucra tanto a las instituciones gubernamentales como a la sociedad civil. Si bien no es un cambio que pueda lograrse de manera rápida o sencilla, es vital para fortalecer las instituciones democráticas y garantizar que el uso de los recursos públicos sea adecuado, eficiente y responsable. La transparencia no solo implica la apertura de los procesos de licitación, sino también el compromiso con principios fundamentales como la equidad, la integridad y la rendición de cuentas. En este contexto, las licitaciones públicas representan un área clave donde la falta de control y de supervisión puede dar pie a prácticas corruptas que socavan la confianza de la ciudadanía en el gobierno. Las provincias que han avanzado en el proceso de mejora de la transparencia son aquellas que han logrado digitalizar de manera significativa los procesos licitatorios y han implementado leyes claras de acceso a la información pública. Estos cambios no solo facilitan el acceso a la información sobre los contratos y licitaciones, sino que también permiten a los ciudadanos y empresas monitorear de manera constante cómo se asignan los contratos y los recursos del Estado. La digitalización, en particular, ha sido un catalizador importante para garantizar que los procesos sean más abiertos, imparciales y fácilmente audibles. En aquellas provincias con sistemas digitales robustos, los actores gubernamentales, las empresas y los ciudadanos pueden consultar fácilmente los documentos relacionados con las licitaciones, lo que reduce las oportunidades de manipulación y fraude. Además, el uso de plataformas digitales permite una mayor accesibilidad y transparencia en el proceso, ya que las licitaciones y los resultados son fácilmente consultables en tiempo real, lo que contribuye a una supervisión más efectiva. Por ejemplo, provincias como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza han avanzado significativamente en la digitalización de los procesos de licitación, lo que ha permitido una mayor auditoría pública y una mejor supervisión por parte de las entidades externas. Estos avances tecnológicos permiten a los ciudadanos y organizaciones civiles tener un rol activo en el monitoreo de los procesos licitatorios, haciendo más difícil la realización de actos de corrupción sin ser detectados. Además, estas provincias han aprobado leyes de acceso a la información pública que, en conjunto con la digitalización, ofrecen un sistema transparente y accesible, fortaleciendo la confianza en el gobierno y sus acciones. Sin embargo, las provincias que aún no han logrado avanzar en la adopción de tecnologías digitales y en la promulgación de leyes claras de acceso a la información siguen siendo altamente vulnerables a la corrupción. En estos lugares, los procesos licitatorios son más opacos, lo que genera una brecha de desconfianza y permite que la manipulación de las licitaciones y los desvíos de fondos continúen sin ser detectados o sancionados. La falta de digitalización en los procesos crea un entorno en el que los documentos y la información relevante son difíciles de acceder o están dispersos en formatos físicos o desactualizados, lo que complica la tarea de realizar auditorías externas o consultas por parte de los ciudadanos. Además, la ausencia de leyes que regulen el acceso a la información en estos lugares hace que las licitaciones públicas no sean lo suficientemente transparentes ni sujetas a la supervisión pública adecuada. En muchos casos, este déficit de regulación y de herramientas tecnológicas crea una situación donde la opacidad impera, dejando el camino libre para prácticas corruptas que perjudican el correcto uso de los fondos públicos. La falta de digitalización y de leyes claras de acceso a la información también tiene un impacto directo en la competencia y en la eficiencia de los procesos licitatorios. En provincias con procesos manuales y no digitalizados, las empresas que desean participar en las licitaciones pueden enfrentar barreras administrativas que impiden una competencia justa y transparente. Esto puede derivar en favores a ciertas empresas o grupos, reduciendo las opciones disponibles para los gobiernos y, en última instancia, afectando la calidad de los productos o servicios contratados. Al no contar con plataformas digitales, los procesos se vuelven lentos, burocráticos y propensos a la manipulación. Además, la falta de herramientas digitales y marcos legales para garantizar la transparencia refuerza la desconfianza generalizada hacia las instituciones públicas. En provincias con estas deficiencias, el riesgo de corrupción sistémica se mantiene alto, ya que los circuitos de licitación permanecen aislados del escrutinio público y fuera del alcance de las auditorías independientes. Sin los medios adecuados para que los ciudadanos participen activamente y reporten irregularidades, los procesos de licitación permanecen vulnerables a abusos. Por lo tanto, para lograr un verdadero fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la confianza pública, es esencial que las provincias que aún no han implementado tecnologías digitales y leyes de acceso a la información lo hagan de manera urgente. No es solo una cuestión de modernización administrativa, sino de garantizar que los procesos públicos sean abiertos y que los ciudadanos puedan confiar en que los recursos del Estado se destinan de manera justa y equitativa. Las provincias que ya han avanzado en este sentido están demostrando que la transparencia en las licitaciones públicas no solo es posible, sino que también es una herramienta esencial para prevenir la corrupción y promover la eficiencia en el sector público. Por ello, el ejemplo de las provincias que lideran el camino debe servir de modelo para aquellas que aún enfrentan desafíos en términos de acceso a la información y digitalización. La adopción de estos avances es una prioridad para asegurar que las licitaciones públicas sean, en definitiva, transparentes, justas y libres de corrupción.

Compromiso de Ethix

En Ethix continuaremos trabajando para promover la transparencia en las contrataciones públicas a través de nuestra plataforma tecnológica, investigación y colaboración con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. Este informe es un paso más en nuestro compromiso con la construcción de un sistema de compras públicas más eficiente, transparente y equitativo para Argentina.

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